Brasil despues del golpe – Una nueva Ucrania y sin futuro

El siguiente articulo fue tomado del blog Mundo Alternativo, donde fue publicado el 15 de mayo. El texto en cuestión se refiere a la operación golpista (que no golpe, pues este todavía no se completa y aún está en marcha) que esta teniendo lugar en Brasil, y si bien ya han pasado algunos días, sigue siendo un tema de actualidad y son infinidad de medios los que están dedicando páginas a estos eventos. Sin embargo, la mayor parte de esas noticias tienen un sesgo ideológico y político evidente que, disfrazado de “información objetiva”, en realidad es propaganda a favor del nuevo “gobierno” interino de Brasil (y por lo tanto de los dueños de dichos medios, que se sobreentiende tienen intereses en el hermano país latino). Es interesante la comparación que hace el autor con Ucrania, al decir que tuvo lugar un nuevo Maidan, pues desde el principio las manifestaciones tuvieron convocadas (y financiadas) por grupos afines a los intereses del gobierno de Estados Unidos, fueran los manifestantes conscientes de ello o no (ojo, el grueso de los manifestantes, no quienes dirigieron y convocaron las manifestaciones, pues estos si que eran conscientes desde el principio de lo que estaban haciendo): incluso se ha mencionado que el actual “presidente” interino es un agente de la CIA, algo que no debería sorprendernos. De hecho, y salvando las distancias evidentes que hay entre ambos países, lo que está ocurriendo en Brasil es prácticamente una calca de lo que ocurrió en Ucrania hace 2 años, donde se cocinó una “revolución” dirigida por grupos de derecha (una “revolución conservadora”, podríamos decir) y por uno que otro progre alienado y hambriento de protagonismo para, so pretexto de protestar contra la corrupción (sic), desacerse de un gobierno “díscolo” (que no hostil) que no estaba siguiendo debidamente el guión establecido por Washington, teniendo en común ambos paises la misma cosa: que los miembros del nuevo gabinete ya habian sido ungidos de antemano por Washington antes de que el golpe triunfara. Y tanto en Brasil como en Ucrania los miembros del nuevo gobierno -“presidente” incluido- son en su mayoría banqueros, grandes industriales y terratenientes o voceros de los mismos (en el caso de Brasil los hay que son ambas cosas) y, por supuesto -y como no podía ser de otra forma-, sus Chicago Boys (economistas neoliberales, politólogos y conferencistas promotores de la Nueva Mentalidad, ejecutivos de multinacionales, ideólogos atlantistas, etc.). Por cierto, es bastante curioso (por no decir cínico) que estos personajes, envueltos hasta el cuello en escándalos de corrupción, griten a los 4 vientos que van a dirigir la lucha anticorrupción. Ciertamente existen varios paralelismos entre ambas situaciones, pero con una gran diferencia (la principal y mas grande): que en Brasil es poco probable que la gente siga el ejemplo de las milicias de Donbass y tome las armas para defenderse. Es posible que la traducción no sea muy inteligible debido a mis escasos conocimientos del portugues y que por ello he tenido que traducir el resto…

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Aconteció en Brasil un golpe que siguió los mismos moldes que el que tuvo lugar Ucrania, donde el ex presidente Viktor Yanukovich fue destituido acusado de “crímenes de corrupción”, cuando realmente se trataba del interés de los magnates occidentales de desestabilizar mas a un país de Europa Oriental para provocar a Rusia, que todo mundo sabe, es una piedra en el zapato para los intereses de la Casa Blanca para dominar Europa con ayuda de la (Des)Unión Europea.

En Brasil ocurrió un nuevo Maidan, siguiendo el mismo guión aplicado en Ucrania en 2014, con la diferencia de que en este país, que en el pasado vivió su mejor época en la Unión Soviética, ha habido una gran resistencia, misma que está teniendo lugar hasta hoy día, en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que son ejemplo de esto. La cuestión es que en América Latina la nefasta influencia de la Casa Blanca es cada vez mayor, no habían pasado pocos años de los golpes en Honduras y Paraguay, y ahora está ocurriendo en Brasil.

Muchos hablan de que el golpe tuvo el apoyo del ”pueblo”, asi como hicieron en Ucrania con el Maidan: todo eso claramente es mentira. Eso es un pretexto para manipular a las masas, pues tanto Brasil como Ucrania son países con una gran población, por lo tanto, la mayoría aquí eligió a Dilma Rousseff como presidente. Los golpistas siempre repiten el discurso de luchar contra la corrupción, siendo que en realidad todos los ministros de Temer están implicados en escándalos de corrupción, habiendo incluso un miembro del PCC que es uno de los mas fuertes de Sao Paulo, estado gobernado por un partido que vive de atacar a Dilma y que probablemente esta desviando dinero destinado a desayunos escolares, algo sobre lo que los mismos que protestan contra la corrupción no dicen nada.

Los gobiernos de Cuba, Salvador, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela ya han dejado claro que no reconocen a los golpistas, y esta lista podría aumentar, e incluso Wikileaks filtró documentos que hablan del involucramiento del nuevo “presidente” con la Casa Blanca que se centran en el caso de Petrobras, que hoy sabemos que son las riquezas de Brasil lo que está en la mira de los criminales de Washington.

Lo mas curioso de todo esto es que algunas personas que son muy crédulas son las mismas que defienden a capa y espada al capitalismo como un sistema justo, pensando que la corrupción es debido al dinero y que eso se puede acabar, pero eso nunca va a ocurrir. ¿Porque nunca va a ocurrir? Porque en el capitalismo el hombre es por sí mismo corrupto y tramposo, y hace lo mismo como tal “potente”, que se pega a la cola, que pasa a puntos en la licencia de conducir, o para comprar. En algunos casos, inventan certificados para faltar al trabajo (los mismos que acusan a los trabajadores de “vagos” acaban haciendo cosas peores), entre otras cosas…Más curioso es aún que muchos de estos inocentes dicen que los países socialistas son ”dictaduras”, pero aceptan hipocritamente su sumisión al imperialismo, están en contra de los BRICS pero apoyan sin pensarlo la ”amistad” con Estados Unidos: estas personas que tanto se dicen ”patriotas” terminan siendo peor que prostitutas.

La lucha del pueblo apenas comenzó, un golpe de estos no puede tener lugar sin que la clase trabajadora se quede de brazos cruzados. Es verdad que Dilma fue electa por el pueblo, pero también es cierto que fue débil en comparación con lo que podía pasarle, debido a que el actual sistema de justicia es prácticamente inexistente…Sólo existe para defender los intereses de los poderosos, principalmente de Brasil. Pero ahora no sirve de nada ponerse a llorar, Dilma cayó, y es deber del pueblo luchar, principalmente el resto de democracia que aún queda en Occidente.

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A propósito de Bruselas..

El jueves se cumplieron 17 años del bombardeo ”humanitario” de la OTAN a Yugoslavia, que bajo el pretexto de una limpieza étnica imaginaria ejecutada por el gobierno serbio contra los albaneses de Kosovo,  llevó a cabo una operación de exterminio (ahora sí) contra el pequeño país del sur de Europa, ya para entonces mutilado artificialmente por un conflicto (provocado también artificialmente) que llevaba prácticamente 10 años. La conocida como Operación Fuerza Aliada duró del 24 de marzo al 10 de junio de 1999 y supuso la práctica destrucción del país, pues si bien los objetivos militares fueron barridos con relativa facilidad, dada la superioridad tanto numérica como tecnológica de los invasores, no les bastó y se dedicaron a liquidar toda infraestructura -fuera militar o no-, no dejando nada en pie. Miles de aldeas fueron, literalmente, borradas del mapa, cientos de hospitales, escuelas y demás infraestructura social fueron reducidos a cenizas, la industria y la infraestructura energética del país quedaron completamente inutilizadas (miles de fábricas, presas y centrales eléctricas fueron destrozadas, con las subsecuentes secuelas económicas que ello acarrearía después), e incluso la embajada china en Belgrado fue arrasada, asesinando a miles de funcionarios y ciudadanos chinos que se encontraban ahí. No se conoce el número exacto de víctimas, pero se calcula que por lo menos 7000 personas fueron exterminadas (muchas de ellas albanesas, en una proporción muchas veces mayor a la atribuida a la supuesta represión del ejército yugoslavo, y eso que según tuvo lugar para ”salvar a los albaneses de Kosovo”). La situación para entonces ya era tensa, pues, como dije, el país llevaba en guerra desde 1990 y había perdido Bosnia, Croacia y Eslovenia (Macedonia se ”independizó” 2 años después de que iniciara el conflicto, aunque a diferencia de las otras 3 repúblicas lo hizo por las buenas, recurriendo al chantaje y la amenaza, contando para ello -como no podía ser de otra manera- con el apoyo de Estados Unidos y de la llamada ”Comunidad Europea”), habiendo sido reducido prácticamente a la cuarta parte de su composición original: lo que provocó la embestida de las fuerzas ”democráticas” de Occidente fue la famosa masacre de Racak, una aldea en el sur de Kosovo cerca de la frontera con Macedonia, y que poco después se demostró que era mas falsa que un billete de 30 pesos, y que dicho sea de paso realmente se trataba de un enfrentamiento entre la policía serbia y miembros del UCK, la organización de nacionalistas albaneses que provocó la guerra de Kosovo y cuya biografía es realmente imperdible (por lo que no se trataba precisamente de ”una matanza de pobres ciudadanos albaneses desarmados que se manifestaban pacíficamente contra la política de exterminio del régimen yugoslavo”).

Actualmente, Kosovo está viviendo un grave proceso de islamización y deseslavización por parte de los nacionalistas albaneses, pues en esa provincia del sur de Serbia (sí, provincia, pues ni tiene el reconocimiento de la ONU como país, ni es miembro de dicho organismo, ni mucho menos su aislamiento del resto del país -y todavía menos su ocupación por tropas de Estados Unidos- fue legal ni legitimo ni se consultó a la población -sean estos eslavos o albaneses-, por lo que de facto sigue siendo una provincia de Serbia) está teniendo lugar una limpieza étnica (ahora sí) contra la población eslava en general, no solamente serbia, sino también macedonia, búlgara, croata, etc., que a su vez está siendo “convertida” forzosamente al islam, ya que a diferencia de los albaneses, son en su mayoría cristianos ortodoxos, lo cual ha conyevado, como era de esperarse, la destrucción de prácticamente la totalidad de las iglesias ortodoxas de la zona mientras se construyen mezquitas (vamos, como en la época de las cruzadas, aunque ahora la “Comunidad Internacional” no dice ni mu, porque en Serbia ya está en el poder -o mejor dicho impusieron en el mismo, hace 16 años- uno de los suyos, así que lo mismo les da que haya campañas de limpieza étnica o no). A parte hay que sumar a esto los problemas económicos y sociales, pues si bien Kosovo es una zona pobre, los mas marginados son los sectores eslavos, pues, entre otras cosas, son ellos quienes constituyen la mayor parte de la población desempleada, situación que se ha agravado por la privatización que se ha implementado en la provincia en la última década, primero por los gobiernos serbios “democráticos” posteriores al golpe de Estado contra Milosevic, y después por los nacionatas albaneses que se apoderaron del lugar, pues la población eslava constituía la mayor parte de la mano de obra de las empresas privatizadas (a parte de ello hay que sumar el hecho de que muchas veces la discriminación y el antieslavismo existentes se trasladan al ámbito laboral, algo que queda de manifiesto a la hora de buscar trabajo): como consecuencia de ello, la mayoría de los eslavos de Kosovo han huido a países vecinos, principalmente a Serbia. Y todo ello sin mencionar las consecuencias (similares o peores) que han sufrido las minorías no eslavas -griegos, turcos, gitanos, etc.- por la albanización de Kosovo, pero una vez mas, esto no sale en los medios -ni saldrá-, pues no vende.

Sin embargo no solo se trata de las víctimas de la “guerra” de Kosovo, sino de las del resto de ex-republicas yugoslavas, que una vez “independizadas” -algo que, a diferencia de lo que nos dicen en la tele, fue llevado a cabo totalmente en contra de los designios de la población- quedaron bajo auténticas dictaduras fascistas (cuyos cabezas visibles habían colaborado con los nazis durante la segunda guerra mundial), que persiguieron, cuando no eliminaron físicamemte, a todos los que se opusieran a sus planes criminales, todo ello, por supuesto, con la bendición -cuando no con la colaboración directa- de los Estados Unidos y la UE. También deberíamos contar como víctimas al grueso de la población serbia, que tras el cambio de régimen producido en octubre de 2000 tras un golpe de Estado (conocido eufemísticamente como “revolución” del bulldozer), ha sido sometida a un empobrecimiento brutal similar al del resto de países ex-comunistas del este europeo, que en el caso serbio fue particularmente duro durante los primeros años de transición neoliberal, pues no acababan de salir del shock de la guerra (y muchas veces con los escombros de sus hogares aún humeantes) cuando ya estaban sufriendo la carestía y la inflación (y la devaluación de sus ahorros) resultantes de la liberalización económica: y eso sin tener en cuenta que actualmente Serbia es el país europeo con mayor cantidad de enfermos de cáncer -principalmente leucemia-, lo cual se debe al uso que hicieron las fuerzas de la OTAN durante la guerra de armas nucleares “empobrecidas”.

¿No será todo esto un crímen mucho peor que el que un par de fanáticos descerebrados (que son solo 2 comparados con el resto de fanáticos -que son una cantidad mucho mas grande- peor de descerebrados que cometieron todo lo mencionado anteriormente)? El haber hecho todo esto para convertir a un país en un mercado colonizado por las grandes compañías, que no produce casi nada porque la práctica totalidad de lo que consume es importado, y en un exportador de materias primas y mano de obra barata ¿no es a caso un crimen igualmente condenable? ¿no merecía la ocasión que, por ejemplo, Facebook pusiera la opción de poner la bandera de Serbia o Yugoslavia como foto de perfil?

No se trata de decir que las vidas víctimas de las guerras yugoslavas valen mas que las de las victimas del reciente atentado en la capital belga (afirmar algo así sería estúpido), sino que para los dueños del mundo, cuando hay intereses creados de por medio, las diferentes víctimas no cuentan por igual.

 

 

 

 

 

PS: Respecto a Kosovo, en caso de que se formalice su ”independencia” (lo cual es poco probable que suceda), se convertiría en el país de Europa con: mayor cantidad de musulmanes, mayores tasas de natalidad y mayores índices de desempleo. De esto se trata el famoso fin de la historia y choque de ”civilizaciones”. A propósito, ha salido un nuevo artículo que indica que ya están en marcha planes para hacer lo mismo en Voivodina, provincia del norte de Serbia.

El supuesto caracter ”socialista” de la constitución

Uno más y ya no sabemos cuantos van. Hoy se cumple el aniversario de la constitución, y no son pocos (incluido el administrador de este sitio) los que comienzan a preguntarse si realmente tendrá sentido celebrar una fecha cuyo carácter es cada vez mas (si no es que totalmente) teórico (igual que el día de la ”independencia”). Y digo esto porque es de sobra sabido que nuestra actual carta magna es, en la práctica, un mero trozo de papel mojado que solamente sirve para 3 cosas: guardar las formas, aparentar normalidad y defender lo indefendible.

No voy a ponerme citar punto por punto el porque de estas afirmaciones, pues los hechos están a la vista (para quien los quiere ver, claro), aunque trataré de dar una aproximación. Sirve para guardar las formas porque pese al evidente carácter fascista de nuestros ”gobernantes” (el cual expresan de forma cada vez mas abierta), sirve para preservar el aura de demócratas que se autoatribuyeron y que han mantenido durante tantos años (y que necesitan especialmente en estos momentos) y así reforzar la profecía autocumplida de que son los representantes del pueblo, como si no fuera de sobra sabido que lo único de lo que son representantes estos cabrones es de las multinacionales y los señoritos, tanto de aquí como del extranjero -especialmente de los EE.UU-, para así poderse legitimar ante la población y legitimar la represión, aparte de dar la apariencia de que, al ser los representantes del pueblo, van a defender sus intereses, pese a que -como dije- son unos fascistas de los de antes (sabido es de sobra que, en sus sueños húmedos, estos señores siguen deseando que México vuelva a ser uno, grande y libre como en antaño), pues, como dijera Lenin, pese a todo esto tienen que GUARDAR LAS FORMAS y dar la apariencia de que están al servicio del pueblo, aunque ya todos sabemos (quienes tenemos un mínimo de conocimiento de la situación) para quien trabajan realmente.

Sirve para aparentar normalidad porque, en función de lo anterior, sirve para, en momentos como los que estamos viviendo, mantener la imagen de que México es un país ”democrático” donde se respetan los derechos humanos y donde prevalece el estado de derecho, o sea para vender una imagen prefabricada hecha a la medida de los dueños del país que, pese a todo, tienen que seguir guardando las formas. Ni que decir tiene que México es uno de los países donde menos se respetan los derechos humanos, que de democrático nada más tiene el nombre (y las ”elecciones” que se realizan cada 3 y 6 años) y que de ninguna forma es un estado de derecho, sino un estado de derecha (con todos los significados que tenga esa frase). En este sentido constituye una especie de carta de presentación ante los medios de (in)comunicación (si ya EPN se autoproclamó como garante de la constitución con el subsecuente aplauso de los medios).

Y finalmente el ultimo y mas importante (según yo) punto, que es el que da nombre al título de esta entrada: defender lo indefendible. Si bien los 2 aspectos tratados anteriormente corresponden a la derecha, este punto corresponde a todas las fuerzas de la ”izquierda” que, efectivamente, se encargan (y muy bien) de defender lo que es completa y totalmente indefendible. En este sentido es significativo el hecho de que haya muchos que piensan la estupidez de que la actual constitución (que ya va para 100 años en la nomina) tiene -supuestamente- rasgos socialistas. Ante afirmaciones como esta no queda sino orinarse de risa. Si bien es verdad que la situación es tan crítica que los dueños del país se han visto obligados a barrer incluso su propio sustento ”legal” (como Calderón disolviendo a LyFC por decreto cuando esa decisión debía consultarla antes con el parlamento, según la constitución), eso no debería llevarnos a sacar conclusiones a la ligera y hablar nomas porque tenemos hocico, pues parte del contenido de la actual constitución no solo favorece a los ricos, sino que incluso es completamente reaccionario (cuando no abiertamente FASCISTA): de hecho, para aquellos a quienes les gusta confundir socialismo con propiedad pública, muchos de los derechos que supuestamente debiera garantizar el Estado no lo hace y, en realidad, deja a los trabajadores completamente abandonados a la buena de Deus, aunque eso si, recurriendo a un hábil juego de palabras para que se chupen el dedo y realmente crean que este va a protegerlos: quédense con este punto, por que mas adelante lo vamos a explicar.

Así, para poder corroborar lo que digo, voy a colgar unos cuantos artículos de nuestra carta magna:

 

  • Artículo 3 (este es de mis favoritos :p) –  Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Distrito Federal y municipios, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria constituirán la educación básica: ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en el, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Garantizada por el artículo 24 de la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:
  • Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
  • Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura
  • Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
  • Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.
  • Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y
    promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos incluyendo la educación inicial y a la educación superior necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo
    y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III y obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley.
  • Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere
  • El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y…
  • …para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: diseñar y realizar mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.
  • La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
    En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.
    Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
    La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.
    La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.
    La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.

 

  • Artículo 4 – (SE DEROGA EL PÁRRAFO PRIMERO) El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
  • Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
  • Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
  • Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
  • Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
  • Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
  • El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
  • Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
  • Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
  • En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
  • Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
  • Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
  • El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
  • Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
  • Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

 

  • Artículo 5 – A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
  • La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
  • Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.
  • En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.
  • El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.
  • Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.
  • El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.
  • La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

 

  • Artículo 6 – La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
  • Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
  • El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
  • Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
    A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
    I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
    II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
    III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
    IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
    V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
    VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
    VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.
    VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
    organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.
  • El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
    En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
  • El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.
  • El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
  • La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.
  • Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.
  • El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.
  • En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.
  • Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán
    tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.
  • En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.
  • El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.
  • El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.
  • La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.
  • Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.
  • El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.
    B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:
    I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
    II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
    III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.
    IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.
    V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
  • El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.
  • El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.
    El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.
    VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.

 

  • Artículo 10 –  Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

 

  • Artículo 25Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
  • El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
  • Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.
  • El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.
  • Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
  • Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
  • La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
  • La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

 

  • Artículo 26A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
  • Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
  • La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
  • En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
    B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.
  • La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.
  • El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
  • La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.
  • Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.
    C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.
  • El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.
  • El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
  • El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
  • Articulo 27 (PRESTEN MUCHA ATENCIÓN A ESTE, ES UNO DE LOS FAVORITOS DE LOS PROGRES, PUES, SEGÚN ELLOS, ES LA PRUEBA PALPABLE E INEQUÍVOCA DE QUE LA CONSTITUCIÓN ES DE CARÁCTER SOCIALISTA Y ESTÁ AL SERVICIO DEL PUEBLO) – La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
  • Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
  • La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
  • Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.
  • Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije Derecho Internacional (sic. DOF 20 de enero de 1960); las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar; la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o interminentes (sic. DOF 20 de enero de 1960) y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno,
    pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.
  • En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.
  • Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.
  • Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.
  • La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.
  • La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:
    I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud de lo mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.
  • El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.
    II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria;
    III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria;
    IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades.
  • La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción;
    V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo.
    VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.
  • Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.
  • El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que se dicte sentencia ejecutoriada.
    VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
  • La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
  • La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
  • La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.
  • Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.
  • La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.
  • La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria;
    VIII. Se declaran nulas:
    a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas;
    b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población.
    c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población.
  • Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.
    IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos.
    X. (Se deroga)
    XI. (Se deroga)
    XII. (Se deroga)
    XIII. (Se deroga)
    XIV. (Se deroga)
    XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.
  • Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.
  • Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.
  • Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.
  • Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.
  • Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.
  • Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora;
    XVI. (Se deroga)
    XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo.
  • El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria.
  • Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno;
    XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los Gobiernos anteriores desde el año 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público;
    XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le (sic. DOF 3 de febrero de 1983) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.
  • Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.
  • La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y
    XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
  • El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

 

  • Artículo 28 – En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic. DOF 3 de febrero de 1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic. DOF 3 de febrero de 1983) prohibiciones a título de protección a la industria.
  • En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
  • Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
  • No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.
  • El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.
  • El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.
  • No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficiencia (sic DOF 20 de agosto de 1993). Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.
  • El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley.
  • No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.
  • Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.
  • El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
  • La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.
  • Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.
  • El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
  • El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.
  • El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.
  • Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.
  • Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio.
  • El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.
  • La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:
    I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;
    II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias;
    III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada;
    IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia;
    V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio;
    VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley;
    VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales;
    VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas;
    IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos;
    X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución;
    XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y
    XII. Cada órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.
  • Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.
  • El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado.
  • Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:
    I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
    II. Ser mayor de treinta y cinco años;
    III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;
    IV. Poseer título profesional;
    V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda;
    VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;
    VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y
    VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.
  • Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las modalidades conforme a las cuales los Comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados.
  • Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación correspondiente, a través del procedimiento previsto en este artículo y a fin de que el sustituto concluya el periodo respectivo.
  • Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.
  • El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.
  • Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.
  • El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.
  • La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.
  • Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables.

 

Estos son sólo algunos de los 136 artículos, sin embargo yo considero que con ello basta y sobra, pues son, teóricamente (cada vez mas), los principales artículos que debieran garantizar los derechos ciudadanos. Ante esto solo queda hacerse una pregunta: ¿se puede considerar como socialista a una constitución que promueva entre otras cosas la libertad de empresa, la libre competencia, LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN (entre estos los recursos naturales) y que permita a privados ejercer la enseñanza y ”proveer” a la gente de sus necesidades, así como participar en la vida económica del país para hacer una mejor distribución de la riqueza? Otros punto a destacar son los siguientes: se dice explícitamente que el Estado sólo tendrá a su disposición las áreas estratégicas de la economía (y dentro de poco ya ni siquiera estas), que son -según el texto- correos, telégrafos, minerales radiactivos, energía nuclear, electricidad y petróleo (estas últimas dentro de poco también dejarán de ser consideradas como estratégicas), por lo que se deja que el sector privado maneje a su antojo el resto de las áreas económicas, valiendo madre si estas son estratégicas o no para la población (entre ellas, por supuesto, la alimentación); si bien dice que el Estado va a garantizar la educación, también dice que esta sólo será hasta la prepa, por lo que si quieres estudiar la universidad, ya te jodiste, a menos que entres a una ”universidad” privada (por supuesto, siempre y cuando tengas con que pagártela), aparte de que tampoco dice que el Estado va a encargarse de que ningún estudiante abandone sus estudios, simplemente dice que va a garantizar que los curse, por ejemplo, firmando acuerdo con instituciones educativas patito que, obviamente, están en manos privadas (como Fundación Azteca, por ejemplo) y que, por supuesto, son de paga, sin mencionar que es un insulto eso de que la educación publica es gratuita, ya que cualquiera con 2 dedos de frente sabe que siempre se ha tratado de un régimen de co-pago, pues por ejemplo, se tiene que dar moche por concepto de inscripción, tienes que comprar los útiles por tu propia cuenta (nunca mejor dicho), pues los que te dan son una porquería -aparte de que TAMBIÉN HAY QUE PAGAR POR ELLOS-, hay que dar moche por el examen -tanto por los que se hacen dentro de la evaluación escolar como los que se hacen para ingresar a la escuela (secundaria, prepa, etc.), siendo el costo de los segundos generalmente mayor que el de los primeros (tan sólo el examen de ingreso a la UNAM cuesta como 500 pesos)- y los uniformes y libros de texto tienen un costo insultante (una prueba mas de que lo público no es sinónimo de socialismo), aparte de que dice que se van a fomentar los “valores” de la competencia y el máximo rendimiento; dice que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de interés público (ya sea mediante una demanda o algo así) y siempre y cuando SE INDEMNICE AL DUEÑO, o sea, ya podemos dejar de hacernos ilusiones de que habrá nacionalizaciones masivas y de que los empresa(u)rios a los que se las quiten tendrán que ver cómo se buscan la vida; se autoriza a los privados -tanto nacionales como extranjeros- apropiarse de territorios nacionales; si bien dice que están prohibidos los monopolios, esto lo hace dentro del marco del fomento a la libre competencia (ahí mismo lo dice), aparte de que prohibe expresamente que el Estado pueda constituir monopolios (una vez mas es letra muerta, pues hay y siempre ha habido poderosos monopolios privados que cuentan y siempre han contado con protección del gobierno); como últimos detalles, tal vez un poco irrelevantes, pero también notorios, son el hecho de que dice que la gente puede portar armas siempre y cuando no sean de uso exclusivo del ejército (¿porque no mejor hacen una lista de las armas que se pueden usar y de las que no?), de que el artículo 4 dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, pero antes dice que se deroga el primer párrafo, lo cual me pareció un tanto extraño, pues, desconozco si dicho párrafo contenía otros elementos o si se trata de la parte que dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley (lo cual no me sorprendería teniendo en cuenta la profunda desigualdad de genero y el predominio del régimen patriarcal que hay en nuestro país: simplemente se estaría elevando a rango constitucional lo que ya existe), y, por último, otro punto que también me sacó de onda fue que en una parte dice que los latifundios están prohibidos, pero en otra dice que hay procedimientos para fraccionar los latifundios (??). Otro punto importante es que dice que los recursos naturales son propiedad de la nación, sin embargo, como ya sabemos cual es el peculiar concepto de nación (volk, народ, etc.) que tienen estos individuos, ya podemos hacernos a la idea de que por mucho que estos estén en manos estatales el pueblo nunca va a participar de ellos (aparte de que los privados tienen autorización, desde el gobierno, de apropiárselos).

Y ahora vamos con la parte de la que hablé al inicio: los juegos de palabras y los abusos del lenguaje como arma engañabobos. Es verdad que dice que el Estado va a garantizar los derechos que se mencionan, pero hay que tener cuidado con esto, pues no dice la forma en que lo va hacer ni si realmente va a ser el encargado de cubrir dichas necesidades, mas bien lo que dice es, técnicamente, que el Estado va a vigilar que se cumplan, y he aquí unos ejemplos: dice que va a garantizar el derecho al trabajo, pero no dice que sea el Estado quien vaya a proveer (no confundir trabajador público con funcionario público, otro error muy común), es mas, ni siquiera dice que el empleo será vitalicio, sino que su duración va a estar supeditada a la establecida en el contrato; dice que va a garantizar el cubrimiento de las necesidades pero, una vez mas, no dice si va a ser el gobierno quien lo haga y la forma en que lo vaya a hacer; finalmente dice que el Estado va a garantizar el acceso de la población a las TIC, pero, aquí si es muy claro, dice que favoreciendo la “libre” competencia. En este punto podemos concluir que la constitución básicamente lo que hace es otorgarle al Estado el papel de intermediario, o sea, se deja, como ya dije, a los obreros abandonados a la buena de Dios, pero eso si, bajo la protección y garantía del Estado.

En resumen, nuestra actual constitución no fue creada, ni mucho menos, para defender los intereses del pueblo y menos para protegerlo, sino para defender los intereses de los ricos, pero tirándole al pueblo unas cuantas migajas para tenerlo tranquilo y darle la sensación de seguridad. Si bien estipula, entre otras cosas, el carácter laico del Estado, la prohibición de la esclavitud (teóricamente), así como la prohibición de otorgar títulos nobiliarios, estas medidas son de carácter liberal, pues quedaron establecidas en muchas constituciones del siglo XIX e incluso antes (las cuales son todas de carácter liberal), lo cual se debe, en parte, al contexto histórico de la época (transición del feudalismo al capitalismo, introducción de la producción en serie, ”revolución” industrial, etc.), por lo que hablar de que es una constitución de carácter ”socialista” es una grosería. En definitiva, que si bien la actual clase gobernante ha tenido que barrer los propios principios que la legitimaban, esto no debe llevarnos a defender (y aun menos a reivindicar), el programa de la actual constitución, pues es claramente antipopular. No son pocas las voces que se levantan pidiendo la convocatoria a un congreso constituyente, sin embargo el carácter reformista de la mayoría de estos grupos es evidente, pues no piden sino ”mejorar” el actual texto constitucional, cuando un verdadero proceso constituyente sería derogar la actual constitución y elaborar una nueva que -esta vez sí- esté al servicio del pueblo (y que entonces estos señores sí hablen con provecho cuando digan que es de carácter socialista).

Respecto a la visita del Papa

Aprovechando que la visita del papa a México ya está muy cerca, hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Primero, que nuestro país está viviendo una crisis interna de proporciones apocalípticas, pues, entre otras cosas, el dólar ya está en 19 pesos, y pronto ya llegará -como se ha ido advirtiendo- a 20, sin embargo eso no debería sorprendernos, pues el propio EPN ha anunciado (y desde hace prácticamente 1 año) que mantendrá una política de libre flotación del dólar, es decir, básicamente levantar el control monetario para dejar que el precio del dólar lo determine ”el mercado” (ya sabemos, el viejo axioma ”neoliberal”), lo cual es un concepto abstracto si tenemos en cuenta que el ”mercado” per se no es un ente, sino es el marco donde se desenvuelven cada uno de los distintos actores económicos, siendo estos quienes determinan cada situación especifica, y al no ser el mercado uno de dichos actores no puede determinar nada, así como tampoco puede regular ni desregular nada, por lo que dentro de un rato el dólar sobrepasará el umbral de los 20 pesos y habrá un crack similar -o peor- al del 94 que finalmente propiciará que el gobierno intervenga, ya sea salvando a los bancos (con dinero público, obviamente, pues nuestros gobernantes se rigen bajo el axioma citado anteriormente, el cual es ”el Estado es accionista en las pérdidas, mas no en las ganancias”), o bien llevando a cabo una reforma monetaria similar a la de aquella época, lo cual provocará nada mas ni nada menos que en 5 segundos los ahorros de toda la población valgan lo mismo que los vídeos del Werevertumorro y que tenga lugar una inflación brutal que les convertirá prácticamente en cadáveres andantes, salvo -por supuesto- los 4 gatos más listorros que, al ser quienes controlan la economía nacional, son quienes verdaderamente deciden que se hace y que se deja de hacer en este país (y no los crédulos de sus compatriotas que, engañados, van a ”votar” cada 3 años), por lo que antes de que tenga lugar la estocada final se apresurarán a comprar todos los dólares que puedan y vender sus acciones en la bolsa (que, seamos honestos, no valen un duro, pues la mayoría están compuestas en su totalidad de capital especulativo, y SÓLAMENTE SIRVEN PARA FINES ESPECULATIVOS) a precios estratosféricos para que una vez que llegue la hora cero, puedan huir felices y contentos habiendo hecho su agosto (una vez más) a costa de la mayoría y habiendo engordado (aún mas si cabe) sus billeteras.

Pero volvamos al punto inicial, que es la visita de Su Santidad a este país. No han sido pocas las voces en la ”izquierda” que han puesto el grito en el cielo porque Bergoglio se reunirá con Su Majestad el ”presidente” y no, por ejemplo, con los padres de los 43 de Ayotzinapa y otros colectivos marginados por el fascismo democrático del PRI-gobierno, ignorando que este señor de ninguna forma está comprometido con los pobres como nos quiere vender (y que lo han hecho muy bien), sino que sólamente es una estrategia de la iglesia para adaptarse a los nuevos tiempos, es decir, para blanquear su imagen, que ha quedado muy pero que muy tocada por sus corruptelas (encubrimiento de pederastas, lavado de dinero, etc.), aparte de ser una estrategia gubernamental para desviar la atención de la gente de los asuntos verdaderamente importantes: así que que mejor que traer al Papa al que se considera el país mas católico de América (y que dicho sea de paso es uno de los países menos religiosos del mundo) justo cuando su gobierno está siendo aquejado por nuevos escándalos de corrupción que florecen como setas y la economía se deteriora a pasos agigantados, para mantener a su población ocupada en los asuntos del más allá y así evitar que se preocupe de los del más para acá, un truco tan viejo como el p**o mundo (y que por desgracia ha dado muy buenos resultados). Respecto a esto me parece patético que sean no pocos los sectores de esta ”izquierda” (entre estos muchos denominados ”comunistas”) que se hayan tragado el cuento del papa cercano al pueblo. Así que les dejo un artículo que describe muy bien esta situación y que debería servir para que más de un incauto (y oportunista) despierte de una vez. Por cierto, es curioso que cuando el Papa visitó Cuba sí se aventó su choro mareador sobre que ”el poder corrompe”, pero no lo hiciera cuando visitó Estados Unidos (y dudo mucho que lo vaya a hacer cuando visite nuestro país): a los sectores de la ”izquierda” que han aplaudido el discurso de Bergoglio ¿no les da de que pensar este hecho?. En fin…el texto en cuestión es el siguiente:

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El Papa Francisco Trae Su Doble Discurso A México

 

NO NECESITAMOS UNA MISERICORDIA FALSA

¡NECESITAMOS LA VERDADERA EMANCIPACIÓN!

El 12 de febrero aterriza el Papa Francisco en México. Hablará con familiares de desaparecidos, indígenas, migrantes, y otros perjudicados por el funcionamiento del sistema capitalista-imperialista que domina el mundo. Se compadecerá de los pobres, denunciará algunas de las injusticias, criticará el “consumismo” y “la cultural del descarte”, y tal vez “la falta de voluntad política” de los gobernantes, pero NO condenará el sistema que causa todo este sufrimiento. También hablará con Enrique Peña Nieto, la jerarquía católica del país y otros poderosos. Jorge Bergoglio tiene presente la crisis de legitimidad del Estado mexicano, sabe del encubrimiento de los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa y decenas de miles más, de otras masacres cometidas y encubiertas por fuerzas del Estado, de la apabullante pobreza de la mayoría, la patente corrupción y complicidad del Estado con el crimen organizado y la impunidad casi absoluta de los uniformados y autoridades criminales. El Papa intentará canalizar el hartazgo y la ira popular por un callejón sin salida; predicará la paz social y la reconciliación entre los opresores y los oprimidos, y condenará la lucha revolucionaria que hace falta para ponerle fin al actual sistema y todo el sufrimiento innecesario que conlleva.

Francisco tiene la encomienda de ponerle una nueva cara a la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos de crisis en un mundo de intolerables injusticias, degradación, miseria y muerte innecesarias, y una crisis ambiental en que peligran los ecosistemas que sostienen la vida en la Tierra. En estas condiciones, la Iglesia necesita tener un discurso más “compasivo” con los desposeídos, en aras de recuperar su influencia sobre la gente, que ha disminuido por varias razones, como: la protección papal de sacerdotes, obispos y nuncios que abusan sexualmente de menores de edad; los escándalos del Banco del Vaticano, por favorecer a los poderosos y desamparar a los pobres; su moral de la Edad de las Tinieblas que intentan imponer, reduciendo a las mujeres a “vientres” que “dan vida”, condenando como “diabólica” toda sexualidad que sea para el placer, la intimidad y el amor, y NO para la reproducción de la especie.

Por “los siglos de los siglos”, la Iglesia y su doctrina han propagado la superstición, la ignorancia, la obsecuencia ante el Poder, la dominación de los hombres sobre las mujeres, de los blancos sobre las demás “razas”, y de las clases poseedoras sobre los desposeídos. El Papa Francisco intenta actualizar la imagen de la Iglesia, sin cambiar nada esencial de su ideología y su misión.

Veamos el doblez de la nueva imagen del Vaticano:

  1. Bendecir el genocidio de los pueblos indígenas: Hablando de la Conquista, Francisco ha dicho, “Hubo pecados y abundantes, por eso pido perdón, pero donde hubo pecado sobreabundó la gracia”. La conquista y colonización de los pueblos originarios no son “pecados” contra “Dios” sino un genocidio físico y cultural que eliminó más del 95% de la población original en el interés de las potencias europeas y el capitalismo incipiente. Según el Papa este genocidio fue principalmente positivo, porque “sobreabundó la gracia”, gracias a los “sacerdotes y obispos que se opusieron firmemente a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz”. En realidad, tanto la cruz como la espada fueron herramientas esenciales para el sometimiento de los pueblos originarios al dominio de los reyes españoles y la autoridad del Papa. En Michoacán, Bergoglio tratará de identificarse con “Tata Vasco”, (Vasco de Quiroga), y en Chiapas a Bartolomé de las Casas. Ambos criticaron la esclavitud de los indígenas (aunque de las Casas defendió la esclavitud de los africanos) y finalmente fueron favorecidos por los reyes de España cuando estos empezaron a buscar formas menos cruentas para someter a los pobladores, ya que sus matanzas provocaron mucha resistencia a la “evangelización”. Cuando fue a Estado Unidos, Francisco declaró “santo” a Junípero Serra, sacerdote que esgrimió la cruz y la espada para esclavizar a los indígenas en las minas de Sudamérica y en las “misiones” de la costa del oeste de lo que ahora es Estados Unidos. El sistema de misiones llevó a la muerte de más de 60,000 amerindios de 1769 a 1821. Las enormes riquezas sacadas sobre los huesos y la sangre de millones de indígenas y negros fue gran parte de la base sobre la cual el capitalismo subió a dominar al mundo.
  1. Esclavizar a las mujeres y satanizar a las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros (LGBT): La Iglesia católica es un pilar del patriarcado y el sometimiento de la mujer por el hombre. Niega el derecho al divorcio, a los anticonceptivos y al aborto, y predica que la “vocación” de la mujer es ser madre y sirvienta de la familia. El Papa Francisco ha dicho, “me gusta describir la dimensión femenina de la Iglesia como vientre acogedor que regenera la vida”. Sintetiza el papel de las mujeres con cuatro verbos: “desear, dar a luz, cuidar y dejar ir”. Durante muchos siglos esta doctrina ha condenado a millones de mujeres a quedarse en matrimonios abusivos, incluso hasta la muerte a manos del esposo, a quien la Biblia sentencia obediencia. Ha condenado a millones de mujeres a la maternidad forzada, a la muerte por la falta de abortos seguros y legales, y a sentir culpa si trabajan fuera del hogar, si deciden controlar su propia reproducción, si deciden no tener hijos, y si luchan por ser respetadas como seres humanos iguales y por participar plenamente en la sociedad. Hablando de las mujeres, el Papa Francisco dice, “hay un solo modelo para ustedes, María: La mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que le pasaba pero obedeció.”  Así se hace eco de pasajes misóginos de la Biblia, como Timoteo 2:11-15 “La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en trasgresión…”

Durante este año, Francisco ofrece “perdón” a las mujeres que “se arrepienten” del “pecado” de abortar. Esta supuesta “misericordia” es una manera de volver a demonizar y tratar de someter a toda mujer que tiene la audacia de insistir que solo ella, y NO el Estado, ni la Iglesia, ni nadie más, van a decidir si tendrá o no un hijo. El Vaticano sigue imponiendo leyes en muchos países que criminalizan el aborto y llevan a la muerte o el encarcelamiento de muchas mujeres por abortos (incluso espontáneos). Ya lo han hecho en 18 estados en México. No lo hacen para “proteger la vida”, sino para someter a las mujeres a la autoridad masculina, que es un cimiento fundamental de toda sociedad basada en la explotación.

El Papa también ofrece su “misericordia” a las personas LGBT, que tampoco tienen nada de qué pedir “perdón”. Al contrario, la Iglesia católica debe renunciar a su visión enfermiza de que toda relación sexual que no es para embarazar a una mujer es “pecado”. Este Papa, supuestamente compasivo, dice que la legalización del matrimonio gay es “la obra del diablo”.

  1. El Papa ante la “guerra sucia” y la sumisión de los pobres: Francisco dice luchar por la “justicia” para los pobres, pero su verdadera posición sobre los oprimidos se reveló entre 1976 y 1983 en Argentina, cuando generales fascistas apoyados por Estados Unidos hicieron un golpe de Estado y secuestraron, torturaron y “desaparecieron” a hasta 30,000 personas. Algunos curas y hasta unos prelados de la Iglesia católica se opusieron al régimen fascista y el régimen asesinó a cien sacerdotes, monjas y otros clérigos, incluido un obispo, Enrique Angelelli. Jorge Bergoglio, cardenal en ese tiempo, ordenó que sus sacerdotes dejaran de apoyar a la  resistencia antifascista e incluso que dejaran de trabajar en las “ciudades miseria” porque quienes detentaban el poder consideraban que tal actividad era sediciosa. Bergoglio fue cómplice en la detención, la tortura y el destierro de curas disidentes y legitimó a los generales fascistas al aparecer en público y celebrar misa con ellos. La “misericordia” del Papa solo se extiende a los pobres que acepten el sistema que les oprime.
  1. Engañar sobre el calentamiento global: En su encí-clica (“Laudato Si”), Francisco denuncia muchos aspectos de la crisis ambiental, reconoce el calentamiento global, critica la “inacción” de los gobiernos y los poderosos, pero no denuncia el sistema capitalista que destruye la Tierra y explota a la gente. Solo denuncia la “actividad humana” en general, los “pecados” del hombre y los excesos e injusticias del sistema. Además, el Papa elogia los acuerdos de la conferencia climática internacional en París (COP21), aunque todas las metas acordadas de reducir emisiones de gases invernaderos son voluntarias, y aun si se cumplieran (que es muy poco probable), las emisiones todavía llevarían a un aumento de temperatura de por lo menos 3º C, el doble del límite necesario que señalan la mayoría de los científicos (1.5º C). Francisco, igual que Obama, Peña Nieto y otros representantes del orden capitalista, solo busca “manejar” la crisis ambiental y encauzar el creciente descontento y preocupación por el futuro del planeta por caminos que refuerzan el mismo sistema que lo ha causado.
  1. Seguir encubriendo a pederastas clericales: El Papa habla de una supuesta “tolerancia cero” hacia el abuso sexual de menores por curas, pero en los hechos sigue encubriendo estos crímenes. El caso del nuncio apostólico en la República Dominicana Josef Wesolowski subraya esta hipocresía. Fue acusado de decenas de casos de pederastia y estaba a punto de ser detenido cuando Francisco ordenó sacarlo de incógnito para llevarlo al Vaticano, donde lo protegió de la extradición. Después, fue encontrado muerto en su habitación en el Vaticano, justo antes de que comenzara su juicio por el tribunal del Vaticano.
  1. Contribuir al genocidio por la epidemia del SIDA y VIH: El Papa Francisco llevó su “misericordia” a Uganda, donde abrazó y besó a niños seropositivos, a la vez que reafirmó la prohibición de la Iglesia del uso de condones, que salvaría cientos de miles de vidas humanas. Insistió que ya que la gente muere de muchas otras causas, no tenía importancia que hablara sobre “esa tirita de plástico”. ¿Qué decir de una moralidad que elige prohibir el uso de un anticonceptivo, en vez de salvar la vida de cientos de miles de personas?

Luchemos por una moralidad radicalmente distinta y un mundo mucho mejor

En vez de esta moral asesina e ignorante que somete a la humanidad, necesitamos un enfoque y una moral que corresponden a la realidad y contribuyen a emancipar a la humanidad. Como señala Bob Avakian (Lo BAsico 4:17): “La noción de un dios, o dioses, la inventó la humanidad en su infancia debido a la ignorancia. La han perpetuado las clases dominantes por miles de años desde entonces al servicio de sus intereses de explotar y dominar a la mayoría de la gente y mantenerla esclavizada bajo la ignorancia y la irracionalidad. Gestar un mundo y futuro nuevo y mucho mejor para la humanidad implica derrocar a tales clases explotadoras y liberarse de tal ignorancia e irracionalidad esclavizante y dejarla atrás para siempre”.

Aurora Roja

Voz de la Organización Comunista Revolucionaria, México

aurora-roja.blogspot.com        auroraroja.mx@gmail.com

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Papa_2016_final.pdf

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http://aurora-roja.blogspot.mx/2016/01/el-papa-francisco-trae-su-doble.html

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No quisiera irme sin antes colgar un interesante artículo del investigador polaco Maciek Wisniewski que señala el papel que ha ido desempeñando el individuo en cuestión.

 

 

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Pese a que abrí este sitio en agosto, sólo tiene 2 entradas (una sobre las manis por los 43 de Ayotzinapa y otra que, cuando creé la pagina, por alguna razón desconocida, sólamente dice “Hola mundo”), pues por motivos personales y de trabajo no he tenido tiempo de escribir aquí. Así que, mientras decido de que va a tratar mi proximo articulo, quisiera colgar este video, que es un pequeño homenaje al Imperio del Mal.

С новым годом :)!

1 año

Un poco tarde, es verdad, pero lo que cuenta no es cuando se publique, sino que se va a publicar. Es de sobra sabido que el gobierno esta involucrado en todos sus niveles -por mucho que se diga que fue solo a nivel municipal- y que el ejercito participo -aunque se diga lo contrario- en la desaparicion de “los 43”, pero nunca lo van a decir, pues no son tan imbeciles como para auto-delatarse, y que para desviar la atencion van a seguir “agarrando” a chivos expiatorios (que ya se comprobo fueron campesinos a los que torturaron y/o sobornaron para que se prestaran a su juego) que van a ser presentados como “peligrosos narcotraficantes” como ya han venido haciendo. Respecto a esto habria que preguntarse: si, como se afirma, el ejercito no participo ni tuvo nada que ver ¿por que se niega a dejar entrar gente en los cuarteles para que investigue?

No obstante, poco a poco se le va cayendo el teatro a Su Excrecencia, pues su “version historica” esta puesta en entredicho, ya que van surgiendo cada vez mas detalles, como por ejemplo que los peritos que contrataron eran una bola de idiotas, o que muchos de los “restos” supuestamente encontrados habian sido sembrados, corriendo incluso el rumor de que se compro carbon, se molio y se guardo en bolsas que despues fueron aventadas al rio para decir que “los 43” habian sido “calcinados”. Pero, como ya dijimos, los responsables -EPN entre ellos evidentemente- no solo no van a responder, sino que, en caso de que empiecen a quedar evidenciados, van a hacer todo lo posible para desviar la atencion, incluso usar los metodos mas pateticos y bochornosos, como por ejemplo el propio EPN, que al verse acorralado por tantas muestras de repudio, no se le ocurrio otra cosa mas que dar un discurso en la ONU donde alertaba sobre los “riesgos del populismo”, diciendo que “se vale de la desesperacion de la gente para inducir el odio y el rencor entre la sociedad (como si esta no tuviera motivos de sobra)”, palabras que resultan bastante curiosas viniendo de alguien cuyo partido se dedica a entregar apoyos sociales con fines claramente electoreros, pero de eso ya hablaremos despues. En este sentido, podemos decir que dentro de muy poco el sr. Abarca podria ser liberado, probablemente “por falta de pruebas”, y el gobierno podria encontrar un nuevo chivo al cual echarle la culpa.

En fin, que el sabado hubo marchas en el DF para recordar que se cumple un año de la desaparicion de ”los 43” y para pedir -ingenua e inutilmente- que se castigue a los responsables. Desde aqui me gustaria hacer un llamado a los padres de los desaparecidos para darles todo mi apoyo y para pedirles que dejen de recurrir al gobierno, pues este no solo no tiene la menor intencion de buscarlos (y menos de encontrarlos), sino que fue responsable de su desaparicion.

Asi que, a 1 año de su desaparicion, decir que ¡¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!